El PP alerta sobre el disparatado gasto en contrataciones de personal externo al ayuntamiento y sus posibles consecuencias
La portavoz del Partido Popular, Ana Mas, ha denunciado la existencia de un ayuntamiento B, una puerta de atrás a través de la cual Los Verdes están llevando a cabo una contratación desmesurada de personal externalizando servicios y sin cumplir con los criterios de publicidad, transparencia y oportunidad recogidos por la ley.
Presentando documentación y facturas, la edil se refería a diversos servicios y profesionales contratados a través de empresas externas, como el personal de Turismo, con un coste de 114.636 euros en 2015 y 117.564 en 2016, y otra empresa proveedora que ha facturado 137.727 euros en 2015 y 100.218 en 2016 por ceder personal para el área de Juventud monitores, técnicos de sonido, dinamizador y gestión de redes sociales del Espacio Joven, etc., impartir los cursos de castellano para inmigrantes, la concejalía de Educación para la gestión del programa Xarxa Llibres o la de Políticas Animalistas, una persona que en tres meses ha remitido facturas al ayuntamiento por valor de 5.572 euros.
Mas reconocía que esta práctica se ha llevado a cabo por todos los equipos de gobierno, incluido el del PP, pero las cifras no eran tan disparatadas como ahora. Además, y citando al Tribunal de Cuentas y el Manual de Buenas Prácticas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, apuntaba que es lógico recurrir a esta fórmula para casos puntuales y concretos, como la necesidad de contratar a alguien para atender de manera temporal la avalancha de solicitudes del programa Xarxa Llibres, pero no está permitido hacerlo para necesidades permanentes de personal, como es el caso de los trabajadores adscritos a la concejalía de Turismo, donde Mercedes Menor lleva seis años trabajando con una misma empresa en lugar de redactar unas bases y sacar a licitación el servicio, permitiendo que las empresas interesadas concurran y oferten las mejoras que consideren oportunas, apuntaba.
Además, explicaba, hay otro problema: el profesor de análisis del Conservatorio es un autónomo, con el que hay un contrato en regla y que imparte sus clases en la sede de los Moros Nuevos encargándose él mismo del arrendamiento de las instalaciones. Al contrario, algunos de los trabajadores antes citados trabajan en instalaciones municipales, tienen e-mail oficial del ayuntamiento y hasta extensión telefónica. Si quisieran ir al Juzgado de lo Social, tienen pruebas de sobra para demostrar que han trabajado para el ayuntamiento, lo que obligaría a indemnizarles o a incorporarlos a la plantilla municipal, un problema que ya hemos tenido anteriormente y debemos aprender de los errores para evitar que se vuelvan a producir, decía.
Por último, añadía que todas estas facturas se están pagando, faltaría más, pese a que el departamento de Intervención ha mostrado sus reparos por estas prácticas, mientras que el concejal de Hacienda, Francisco Javier Esquembre, no ha emitido informe alguno respondiendo a los reparos de Intervención. Por muchos comunicados que haga el concejal de Recursos Humanos, este es el caos que reina en el ayuntamiento, donde cada concejalía es un reino de taifas que contrata a quien quiere a dedo, sin transparencia y sin publicidad, pese a que en muchos casos los importes superan a los contratos menores.
